El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba avanza con la evaluación de un novedoso proyecto de ley: que todo funcionario municipal electo (sean intendentes, concejales o tribunos de cuentas) sea sometido -cada seis meses mientras esté en funciones- a un narcotest, el examen físico para evaluar un eventual consumo de drogas.
Este proyecto ingresó en una etapa decisiva de su tratamiento ya que, durante el día de hoy, los ediles de la Comisión de Prevención de Adicciones recibirán a una rueda de profesionales médicos que opinarán acerca de la obligatoriedad de estos exámenes como así también analizar la periodicidad con la que deberán realizarse. Buscan aprobarlo antes de fines de abril.
La idea del oficialismo (Hacemos por Córdoba) es modificar el Código de Ética Municipal y establecer, de manera obligatoria, que los funcionarios electos se sometan a dichos estudios. El proyecto de ordenanza fue presentado en 2020 por el concejal cordobés Diego Casado y reflotado en este 2023 eleccionario (las provinciales serán el 25 de junio). ¿Su idea original? Que quienes se presenten a cargos electivos, en forma obligatoria deberán realizarse diversos test para comprobar que no consumen drogas ilegales.
Casado, durante una entrevista a la radio Cadena3, expresó que “la iniciativa propone la realización de una rinoscopia y análisis de sangre, pelo y orina para determinar si la persona consumió drogas. La razón de este proyecto es que uno, en el ejercicio de la función pública, tiene que manejarse dentro del ámbito de la probidad y la coherencia”.
Además comentó que la idea de esta propuesta es “generar la mayor transparencia posible dentro del ámbito de la política”. Y lo basó en tres ejes: el primero, que al “manejar los destinos de un millón y medio de habitantes, “sin tener discernimiento, con el uso de facultades mentales alteradas, sería un problema para la sociedad”.
